La economía chilena ha sido altamente dependiente de los ciclos mundiales a través de las materias primas. Esta “ligazón” con el mundo comenzó en los albores de la conquista por la plata, luego en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX fue el salitre y para terminar el pasado siglo dependiendo fuertemente del cobre.

Sin embargo, al revisar lo que podríamos denominar la matriz de la vida material y social ha estado determinada por la estructura que se genera en el campo a través de la relación latifundista, la que comienza a transformarse a partir de la década del 40 cuando comienza la era de industrialización y el inicio de la reforma agraria (Salazar y Pinto, 2002: 6).

En los más cercano, los últimos 60 años y a lo largo de los gobiernos, las fluctuaciones del precio de las materias primas han explicado gran parte de los auges y fracasos de la historia política y económica de Chile. En este mismo período destacan varios episodios “transformadores” de esta sociedad y que marcan parte de la historia que ha seguido este país.

¿Cuántos somos y hemos sido los chilenos?

Los historiadores han establecido que durante el período de la Independencia, los habitantes aproximados que componía la naciente república alcanzaban a un millón de personas. (Gongora, 1986).

Los censos de la República muestran que la población fue subiendo a lo largo de los años así se incrementó en más de 800% en los 200 años de independencia.

El censo de población constituye una actividad estadística de gran utilidad para el país o territorio específico donde se realiza, ya que es la principal fuente de datos básicos sobre su población, datos necesarios para el adecuado funcionamiento de la gestión socioeconómica y política de un pueblo. Así lo señala el Instututo Nacional de Estadística (Ine).

Oficialmente hasta 2017 se han realizado 19 Censos de Población en Chile, el primero fue en 1835.

Orden	Fecha del Censo	Año	Población
I	(1831-1843)	1835	1.103.036
II	1° de Octubre	1843	1.083.701
III	19 de Abril	1854	2.439.120
IV	19 de Abril	1865	1.819.223
V	19 de Abril	1875	2.075.971
VI	26 de Noviembre	1885	2.507.005
VII	28 de Noviembre	1895	2.695.625
VIII	28 de Noviembre	1907	3.231.022
IX	15 de Diciembre	1920	3.720.235
X	27 de Noviembre	1930	4.287.445
XI	28 de Noviembre	1940	5.023.539
XII	24 de Abril	1952	5.932.995
XIII	29 de Noviembre	1960	7.374.115
XIV	22 de Abril	1970	8.884.768
XV	21 de Abril	1982	11.329.736
XVI	22 de Abril	1992	13.348.401
XVII	24 de Abril	2002	15.116.435
XVIII	9 de abril-15 de julio	2012	16 634 603
XIX	19 de abril	2017	17 574 003
Fuente: Resumen Censo 2002

Esperanza de vida al nacer

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) nos revela que dentro del período observado entre 1950-2002, el número medio de años por vivir de los recién nacidos ha tenido un crecimiento paulatino y ascendente, pasando de 55 años en 1950-1955 a 76 años a fines del siglo XX.

De acuerdo a las proyecciones la población chilena irá envejeciéndose hacia 2050, alcanzando un promedio de vida de 82 años.

En Chile, la Esperanza de Vida al Nacer en 1900 se estimaba en 23,5 años para los hombres y 23,6 años para las mujeres. El año 2002, según el INE, este indicador era de 74,4 años para los hombres y de 80,4 para las mujeres. La explicación oficial es que en los últimos cien años la esperanza de vida al nacer se ha triplicado, como consecuencia de la implementación del Estado de políticas de salud, de la erradicación de la desnutrición infantil, el aumento del nivel de escolaridad y la universalización de la educación, la calidad de vida de los chilenos y el aumento de la urbanización, entre otros factores (INE, 2010:11).

De esta manera, el INE estima que la distribución por edad cronológica en Chile a 2011 es de: 0 a 14 años un 22,3% (hombres 1.928.210/mujeres 1.840.839); de 15 a 64 años un  68,1% (hombres 5.751.091/mujeres 5.744.014); y de 65 años y más un 9,6% (hombres 680.450/mujeres 944.156) (INE, 2011:14)

Por el otro lado tenemos que la fecundidad – que es considera la frecuencia de los nacimientos vivos aportados por las mujeres en edad fértil, esto es, entre los 15 y 49 años- desde la segunda mitad del siglo XX ha mostrado profundas transformaciones  (INE, noviembre 2006). Entre 1950 y 1965 aumentó de 5 a 5,4 hijos promedio por mujer. Sin embargo, la masificación de los métodos anticonceptivos a mediados de los 60 hace que el número de embarazos disminuya, y lleva a que hacia 1980 el promedio nacimientos alcance a 2,7, lo que porcentualmente implicó un descenso del 50% en el nivel de fecundidad en tan sólo 15 años. Posteriormente se estabilizó en torno a 1,9 hijos, valor inferior al nivel de reemplazo de la población.

Las Carmelas se fueron a la ciudad

La emigración campo ciudad fue uno de los factores que transformó la estructura económica de Chile. Si en 1930 la población rural alcanzaba un 50,6% del total con el paso de los años la búsqueda de mejores condiciones de vida llevó a que esta cifra fuera disminuyendo hasta alcanzar el 13,4% del total a 2002.

La población rural ha tenido un crecimiento negativo, disminuyendo en términos absolutos desde la Independencia del país.

POBLACIÓN TOTAL POR ZONA DE RESIDENCIA
Años	Urbana	%	Rural	%	Total
1930	2.384.758	49,4	2.442.687	50,6	4.827.445
1940	2.632.334	52,4	2.391.205	47,6	5.023.539
1952	3.571.663	60,2	2.361.332	39,8	5.932.995
1960	5.028.060	68,2	2.346.055	31,8	7.374.115
1970	6.675.072	75,1	2.209.696	24,9	8.884.768
1982	9.312.100	82,2	2.017.636	17,8	11.329.736
1992	11.140.405	83,5	2.207.996	16,5	13.348.401
2002	13.090.113	86,6	2.026.322	13,4	15.116.435

Fuente: INE, elaboración propia a partir de Censos 1907-2002.

El proceso de urbanización, que se repite en toda América Latina, se acelera a partir de mediados del siglo XX como parte del proceso de industrialización que implicó una creciente concentración de actividad en las ciudades y al cambio en la relaciones contractuales en el campo como parte del proceso de reforma agraria.

De esta manera fue quedando atrás la matriz generada por la agricultura, que según varios autores constituye la matriz originaria de la vida material y social. (Salazar y Pinto, 2002: 6).

El fin del orden burgués

La crisis de la sociedad chilena en la década del ‘60

(Artículo elaborado por María José Errázuriz, Ximena Marré y Jaime Troncoso para el Máster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez)

La década de los 60 fue una era de revolución en donde tres visiones de la sociedad se enfrentan y pugnan por imponerse utilizando el ejercicio del poder en todas las instituciones republicanas, las que finalmente se vieron superadas, desencadenando el golpe militar a inicios del decenio siguiente.

Atrás quedó la sociedad hacendal, aquella en que el dominador era el mismo que gobernaba el Estado. A partir de los años 60, comienza el conflicto de las tres visiones de sociedad: un capitalismo oligárquico que lidera Jorge Alessandri, quien gobierna entre 1958 y 1964; un socialismo comunitario, que lleva adelante el líder natural de la Democracia Cristiana Eduardo Frei Montalva, presidente entre 1964 y 1970; y el socialismo marxista que encabezó Salvador Allende desde 1970 a 1973..

Esas tres posiciones responden claramente al contexto internacional que se vivía en la época, delineado por la Guerra Fría, y que alcanza su máxima expresión en la Alianza para el Progreso, impulsada por Estados Unidos, y la Revolución Cubana, apoyada por la URSS.

Chile, así como el resto de América Latina, pasó a ser la arena de ideologías mundiales y campo de penetración económica, social y política del imperialismo de norteamericano, primero, y luego del soviético. (Góngora 1986: 293)

La democracia chilena era un sistema político que se ejercía en plenitud -a diferencia de muchos países de la región-, luego que el padrón electoral se expandiera con la incorporación del voto femenino, el cohecho se frenara con la aplicación de la cédula única y se estableciera el voto obligatorio. De hecho, en 1964, se registra la votación más alta de la historia, sólo superada años después por el plebiscito del 1988, que terminó con el período de Augusto Pinochet. (Fermandois 2013: 33)

A contar de la década de los sesenta, comienza lo que el historiador Mario Góngora denomina la “democracia de masas”, que exigió más democracia y más tarde estalló la crisis, según Joaquín Fermandois. Es aquí que se empieza a vivir bajo la forma que Max Weber llama “democracia plebiscitaria”, fundada en elecciones con masiva propaganda personalista e ilusionista, en que las cualidades carismáticas personales juegan el primer lugar. (Góngora 1986: 292)

La expresión de esta democracia de masas se da en una activa participación de la gente, cuya acción más representativa fue “la marcha de la Patria Joven” y luego, en las múltiples movilizaciones de uno y otro bando que tensionan el proceso. Un pasaje especial es el que además encabezan los jóvenes en el ámbito universitario.

Las figuras de Alessandri, Frei y Allende representan los tres tercios que dividen a la sociedad y son los actores gravitantes de toda la década. Pero de ellos, Frei tomará un protagonismo mayor al liderar un programa político reformista que articulará el devenir del decenio.

Cabe reseñar que desde 1925 ningún Presidente había logrado gobernar con el apoyo mayoritario en el Congreso, cuestión que se revierte en 1964, cuando Frei Montalva lo consigue con la DC. Esto grafica un cambio en el ejercicio del gobierno, teniendo en cuenta que en los períodos anteriores eran necesarias las alianzas partidarias para sacar adelante las agendas legislativas, cuestión de la que se lamentó Jorge Alessandri en su momento. (Góngora 1986: 271)

En este escenario se debe consignar, además, que el desarrollo económico y social de esta década va rezagado al de las estructuras políticas, “lo que condenaba a las instituciones, incapaces de satisfacer las demandas de un verdadero cambio social”. (Fermandois 2013:  33).

Frei, el protagonista de la década

Al comenzar la década del 60 el país estaba dividido en tres tercios: un tercio de derecha, un tercio de centro, un tercio de izquierda y, como señala Gonzalo Vial, “cada uno de ellos había desarrollado su planificación global, su modelo de sociedad, cada uno de ellos afirmaba que esa planificación global, ese modelo de sociedad tenía que aplicarse completo e inmediatamente”. (Vial  2005: 127)

Así, influenciado por la política de Estados Unidos, Jorge Alessandri introduce una serie de cambios destinados a frenar el avance de la izquierda, “arrebatando sus banderas”. Y como era de prever, años más tarde, éstas fueron retomadas por la Democracia Cristiana (1964-70) y por el “marxismo leninismo” (1970-73) y luego fueron profundizadas “cada una más radicalizada que la anterior. Con ello se demostró que la bandera seguía siendo de sus legítimos dueños”. (Guzmán 1992: 21).

Presidente Jorge Alessamdri visita en Washington al
presidente de los EE.UU. John F. Kennedy .

Alessandri “presionado” por la Alianza para el Progreso implementa desde una visión capitalista oligárquica, las primeras acciones destinadas a poner fin a los latifundios mediante una reforma agraria a pequeña escala y enmarcada en un procedimiento legal (reforma del macetero). Estados Unidos apoya este proceso de cambios con financiamiento, tratando de detener el avance de los procesos totalitarios que despiertan en la región. Este plan se extiende por toda la década, pero no logra evitar la asunción al poder del socialismo marxista.

Discurso de la Patria Joven.

La llegada de Frei al gobierno, a mediados de los 60, con una mayoría absoluta, implicó la profundización de esta revolución social que buscaba terminar con la sociedad latifundista, que había imperado en Chile desde la colonia, proyecto que la DC denomina “revolución en libertad” para erigirla como una alternativa a las otras dos visiones antagónicas que luchaban por su espacio en esta década.

El gobierno democratacristiano implementó el estatismo desarrollista que consistió en promover la chilenización de las riquezas naturales, aumentar la producción agropecuaria por medio de la reforma agraria y estimular el desarrollo industrial a través de fusión de empresas chilenas con capital monopólico internacional. Sin esto no podría explicarse, luego, la implementación inmediata del programa de la Unidad Popular que lo sucedió. (Vitale 1998: 14)

Sin embargo, la llegada al poder de la Democracia Cristiana viene de la mano de amplias expectativas que comienzan a frustrarse desde el mismo momento de su elección. Su mayoría absoluta para obtener la Presidencia de la República viene marcada por el apoyo de la derecha, lo que genera desconfianzas en el socialismo acerca del cumplimiento de su programa reformador, temor que Frei trata de acallar con su recordada frase “no cambiaré una coma de mi programa ni por un millón de votos”. (Boeninger 1998:122)

Si bien las elecciones parlamentarias de marzo de 1965 le entregaron el control absoluto de la Cámara de Diputados a la DC y por un error de cálculo no la obtuvo en el Senado, el proceso social que vive el país se radicaliza y todo comienza a plantearse en términos de revolución: la chilenización, la reforma al agro, el estatismo desarrollista o la prédica de la libertad. “Lo revolucionario fue el mesianismo redentor que se apoderó del liderazgo político sin que hubiera factores que lo equilibraran. La frustración acarreada de los 50 más esto último, resultaron ser una combinación feroz” (Jocelyn-Holt 1998:97)

Directo a la UP

La DC tampoco facilitó las cosas al gobierno de Frei al encontrarse fraccionada y un sector casi en oposición, como señala Cristián Gazmuri, lo presiona para que acelere el proceso reformador. Alfredo Jocelyn-Holt responsabiliza a la DC de parte del descalabro de los 60, porque, estando en el gobierno, “desenfrenó el proceso político chileno. Desató dinámicas que luego no supo controlar”. (Jocelyn-Holt 1998:101)

A esto se suman nuevos factores. En 1965 se funda el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, que dos años después despliega un actuar directo y paramilitar como forma de acción política. Y en 1967, el Partido Socialista, en su congreso de Chillán, adhiere a la vía armada como forma de acceder al poder. “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clases… Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y, a su ulterior defensa y fortalecimiento” dice la declaración de entonces.

Paralelamente, la rearticulación de la derecha y su consiguiente repunte electoral en las parlamentarias de 1969, más la oposición constante de la izquierda -que va tras el fin del orden burgués- termina por acorralar el gobierno de Frei. La primera consecuencia fue la escisión de un sector rebelde de la DC que conformó el Movimiento de Acción Popular Unitaria, Mapu.

“Hacia el final, el gobierno de la DC decepcionó, frustró e irritó al país” (Fermandois, 2013: 101). La lentitud del crecimiento global, la concentración persistente del ingreso, la incapacidad para resolver problemas esenciales de la condición de vida material de amplias capas de la población y la creciente marginalización de otras, el desequilibrio externo, los desequilibrios financieros internos y la permanencia de las presiones inflacionarios llevaron, finalmente, al fracaso del gobierno democratacristiano. (Vuskovic 1993: 245).

Años más tarde, Frei tratará de explicar su malogrado gobierno al defender la posición que  la DC adopta después del golpe militar en una carta enviada a Mariano Rumor, presidente de la Unión Mundial de la DC y en donde acusa al PS y el PC de arruinarlo, negándole “la sal y el agua”. “Para hacerlo recurrieron a la injuria, a la violencia, y el Partido Socialista una y otra vez manifestó que no respetaba el orden legal y democrático, que no era sino un orden burgués. Cada vez que había una huelga o un conflicto, el señor Allende y los partidos Socialista y Comunista lo promovían o acentuaban para llevar al extremo la situación. En su implacable crítica al gobierno de la DC, todo lo encontraron mal, y cuando la inflación llegaba al 20 por ciento, llamaban al país a la huelga general para derrocarlo”, le dice a Rumor. (Arancibia, Gazmuri, Góngora 1996: 476)

Hacia el quiebre total

La elección de 1970 dejó caer una lápida sobre la noción de una vía intermedia -el socialismo comunitario- hacia el desarrollo, polarizando la opinión entre partidarios de cambios estructurales más profundos (incluyendo a sectores de la propia DC), y los que se articulan en torno a la nueva candidatura de Jorge Alessandri, que apoyaban un retorno a la ortodoxia liberal ya insinuada en su primer gobierno y que luego, será la base que conformarían los Chicago Boys. (Salazar, Pinto 2002: 45).

En esta pugna triunfa la tercera visión, la marxista, que lleva al poder a Allende y la Unidad Popular. Cristián Gazmuri es categórico: “el triunfo de Allende significaba el fracaso político del gobierno de Frei…” (Arancibia, Gazmuri, Góngora 1996: 106)

El ascenso del socialismo marxista sella el fin de la década de los 60 e inicia otra en la que se radicalizan las reformas iniciadas, pero que no logran concretarse por el golpe militar. El término abrupto de la UP marcará los próximos 40 años con la instauración de una sociedad en la que el mercado comienza a reinar y el Estado asume un rol subsidiario.

Como describe Góngora, el período 1964 a 1980 está marcado por lo que llama “planificaciones globales”, que no son regímenes de compromiso entre las fuerzas sociales, sino que traen, cada una, su visión completa y orgánica de cómo la sociedad debe transformarse en todos sus aspectos. (Góngora 1986: 309)

Las tierras fueron nuestras: Reforma Agraria

Durante los 60 se llevó a cabo en Chile una de las transformaciones más profundas de la historia económica de Chile y que ha marcado los últimos cincuenta años: La Reforma Agraria.

Bajo el persuasivo y combinado influjo de la Revolución Cubana, de la radicacilizacón social que en ella se derivó, y de la política estadounidense de la “Alianza para el Progreso”. La reforma agraria era el paso indispensable para completar el camino al capitalismo.

Si bien el proceso había comenzado durante la administración de Jorge Alessandri, con la Ley 15.020 de 1962, que facilitaba el acceso a la propiedad de la tierra a aquellos que la trabajaran, que buscaba mejorar las condiciones de vida del campesinado e incrementar la producción agraria y de paso llevaría a la desaparición implícita del latifundio tradicional (Salazar y Pinto 2002: 110). 

Su aplicación fue mínima, tanto así que sus adversarios la calificaron como “del macetero”. Fue así que bajo el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva que la reforma alcanzó altos grados de transformación de la sociedad agrícola conocida hasta ese momento. Para acelerar la expropiación de predios se dictó la ley 16.640, de 1967 que declara expropiables todos los predios superiores a las 80 hectáreas de riego básico, así como todos aquellos que estuviesen abandonados o explotados de manera ineficiente. “Fue la primera vez que se abordó en Chile, con cierta decisión, el proceso de cambio del viejo sistema agrario y se abrieron oportunidades de progreso económico y social para sectores importantes de los trabajadores agrícolas y de pequeños agricultores” (Chonchol 1996: 294).

Tierras expropiadas por la reforma agraria

Años	Predios	Hectáreas
1958-1963	4.400	66.000
1964-1970	1.319	3.408.788
1971-1973	4.400	6.400.000

Fuentes: Salazar y Pinto 2002; Góngora 1984; Chonchol 1996.

Y el cobre es chileno

Billete de E° 500 que conmemora la Nacionalización del Cobre 

Ya desde la década de 1950, comenzó a generarse un malestar contra las empresas extranjeras que extraían el cobre en Chile. Las tasas de retorno de las multinacionales del cobre estadounidenses fueron de por lo menos 19% al año en Chile, mientras que en otras regiones obtenían menos de 10%. Las tasas de retorno anual para el período 1960-1965 fueron de 14,8% en Chile y de 43% en otras partes. Ello motivó un cuestionamiento generalizado dado que los niveles de inversión eran más bajos en Chile que en otras regiones. Además en este período se fue perdiendo participación en la producción mundial, la que fue declinando desde 21% (1945-49) a 15% (1950-59) y 14% (1960-70). (Meller 1998 : 39)

La propiedad de la Gran Minería del Cobre (GMC) estaba en manos de la Kennecott Copper Company, cuya empresa subsidiaria en Chile era Braden Cooper Co., que desde 1905 explotaba el mineral de El Teniente; y la Anaconda Cooper Mining Co., con dos empresas subsidiarias: Chile exploration Co., que explotaba desde 1913 el yacimiento más grande del país, Chuquicamata, y Andes Cooper Mining Co., que desde 1920 exploró el mineral de Potrerillos (ya agotado) y el de El Salvador. (Vuskovic 1993:55).

En la mediana minería se encontraba la Sociedad Mantos Blancos ligada a las empresas Hochschild. la Sociedad Disputada de las Condes controlada por una empresa francesa, y Santiago Mining Company, que explotaba el mineral la Africana, que era filial de Anaconda.  (Vuskovic 1993:60)

El experimento socialista

La historia económica chilena en los tres años de la Unidad Popular (UP) dio un vuelco impresionante. La entrada en vigencia de un proyecto socialista significó una transformación de la economía. El programa de la UP postulaba la expropiación de todas aquellas actividades que condicionen en general el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de la energía eléctrica, transporte por aire, agua y tren, las comunicaciones, la producción, refinación y distribución de petróleo, incluido el gas licuado, la siderúrgica, la industria petroquímica pesada, la celulosa y el papel.

El gobierno de Allende había prometido sacar a Chile de “una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas”.

El pensamiento se expresa en que “en Chile gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece intacto”.[1]

Su objetivo central era reemplazar la estructura económica por una “nueva economía” buscando terminar con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo. En este esquema la planificación jugaba un papel central.

Basado en estos principios de “aborrecer” el sistema capitalista, el gobierno de Salvador Allende, profundiza la reforma agrícola y la nacionalización del cobre. Ambas iniciativas habían alcanzado un gran consenso durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

El 5 de septiembre de 1970, un día después de ganar las elecciones, Salvador Allende, explicó el programa que llevaría adelante el que definió como “patriótico, antiimperialista y nacional, ya que implicaba recuperar las riquezas básicas y nacionalizar los monopolios”.

La reacción no se dejo esperar y al día siguiente la Bolsa de Comercio de Santiago no abre sus puertas. Además se producen signos de corrida bancaria manifiesta en las filas de clientes esperando que abran las instituciones financieras, las solicitudes de pasajes aéreos se incrementaron fuertemente llevando a que un vocero de la Línea Aérea Nacional tuviera que informar que los boletos para países de América y Europa estaban agotados hasta el 22 de septiembre, el dólar paralelo se dobló y los valores en escudo (moneda oficial hasta 29 de septiembre de 1975) de propiedades y vivienda caen a la mitad.[2]

Iniciado su mandato, Allende llevó adelante su programa. En 1971, a través de la aprobación unánime en el Congreso, el 11 de julio de ese año, de una reforma constitucional parte el proceso de nacionalización que se realizó sin compensación alguna a todos los yacimientos de cobre de propiedad extranjera.

Por su parte, se profundizó la reforma agraria. Esta había ganado fuerza durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri en que se aprobó una ley de reforma agraria. La consolidación de este proceso fue de las principales metas del gobierno de Eduardo Frei (para este fin el Congreso aprobó una reforma constitucional) y fue completada por el presidente Salvador Allende.[3]

La mezcla de políticas orientadas, principalmente, a obtener un aumento de la demanda agregada y el control de los medios de producción y distribución fue clave para concretar un primer año de gobierno satisfactorio.

Cumplir con las promesas electorales significó un considerable aumento en el gasto publico, que terminó con un déficit sin precedente en la historia chilena. Los gastos del gobierno central crecieron 36% en términos reales, aumentando la participación del gasto fiscal en el PGB de 21% en 1970 a 27% en 1971. Para no afectar la demanda y la producción, el M1 aumentó en 119% en 1971.[4]

El primer año de la Unidad Popular fue bueno. Un dato que mejor lo evidencia fueron los resultados de las elecciones parlamentarias de 1971, que le dieron una mayoría al ejecutivo en el Congreso. Las políticas altamente expansivas permitieron que el PIB creciera un 8%, relativamente mayor al mayor al 3,6% de 1970. La inflación disminuyó de 36,1% en 1970 a 22,1% en 1971. El desempleo nacional registró una caída de 5,7% en 1970 a 3,8% en 1971. Los salarios medios reales aumentaron en 22,3%, con un fuerte beneficio para las remuneraciones de bajos ingresos.

Evolución de las principales variables macroeconómicas 1970-1973

	1970	1971	1972	1973
PGB	3,6	8	-0,1	-4,3
IPC	36,1	22,1	260,5	605,1
Desempleo	5,7	3,8	3,1	4,8
Salarios Reales	8,5	22,3	-16,6	-25,3*
Cobre	120	-*-	85,2	120,1
Superávit Fiscal	-3,5	-*-	-14,1	-10,5
Fuente: Banco Central, Cieplan, Odeplan (*) Corresponde a los tres primeros trimestres.

El gobierno para no afectar la demanda agregada mantuvo un impulso monetario “acomodativo” a través de la expansión del dinero efectivo (M1), de hecho éste creció en 119% durante 1971. Además se apoyó en controles de precios que contuvieron los reajustes nominales de las remuneraciones de más de 50%, se aumentó los gastos nominales del Ejecutivo en torno a 60% y la emisión superó el 100%. Las reservas internacionales se redujeron en un 59%.

La política de apoyo significó que el crédito al sector público creciera en 124% , más del 90% del crédito proporcionado por el Banco Central al sector público tenía la forma de dinero primario obtenido por el aumento en la emisión de circulante.

La balanza comercial de un superávit de US$ 95 millones en 1970 pasó a un déficit de US$ 90 millones en 1971, siendo al abrupta caída del precio del cobre el principal factor de deterioro.

El proceso de expropiación de los agentes productivos se hizo rápidamente. En menos de un año, el gobierno nacionalizó todos los bancos privados. Así el Ejecutivo extendió su control mediante nacionalizaciones y expropiaciones, que al final de su gestión dejaron al sistema bancario y una parte considerable de las actividades productivas en manos del Estado.

No obstante, el objetivo de apuntar a todas los aparatos de producción llevaron a que se alinearan inversionistas extranjeros, los dueños de las grandes compañías locales y, también, los pequeños y medianos empresarios. Así fueron las asociaciones de camioneros y microbuseros los principales opositores que tuvo el gobierno de la UP en la calle.

Durante el período de 1971 y 1973 se tomaron cerca de 500 empresas y se expropió más de un cuarto del total de tierras agrícolas. El período se caracterizó por una profunda crisis económica y política. Antes de su fin, el PIB real per cápita y los salarios reales habían descendido a niveles inferiores a los de 1970; la producción agrícola se encontraba al nivel de comienzos de los años sesenta; el déficit del gobierno central excedía al 20% del PIB; en el mercado negro, el tipo de cambio tenía un valor diez veces mayor que el cambio oficial y las reservas netas eran negativas.[5]

Además se aplica un programa de incentivos “distributivos” que merman aún más las finanzas públicas.

Las empresas estatales , excluyendo a Codelco, comenzaron a requerir dineros fiscales para su funcionamiento. En 1971, el déficit de las empresas estatales se incrementa en 2,3% del PGB, en 1972 se registró un aumento adicional de 0,3%, y en 1973 este déficit alcanza un 10,5% del PGB.[6]

En este escenario, las tarifas de utilidad pública entre 1970 y 1973, el precio real de la electricidad cae 85%, de los servicios postales y telefónicos 33% y 23% respectivamente, del gas licuado 21%, el precio real de los combustibles (bencina y petróleo) cae 31% entre 1970 y 1972 para luego recuperar su valor en 1973.

La inversión se vio afectada fuertemente. Mientras el consumo crece a tasas de 12% durante 1971, la inversión bruta cayó en 2,3%, resultado de una inversión pública creciendo a 10,3% y una inversión privada retrocediendo en 16,8%.

Parte el año 1972 y la política económica comienza a mostrar signos de desajustes que minan la confianza de las personas. En 1972, la inflación aumenta vertiginosamente, para terminar ese año en 260,5%, comienza la escasez, no tanto porque la producción global estuviese cayendo sino que al haber abundancia de dinero las personas comienzan a acaparar los productos.

En este contexto, los reajustes de salarios reales se vuelven inefectivos y la estructura que buscaba combatir a los especuladores del mercado negro, las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) se vuelven ineficientes.

El fisco ve disminuir fuertemente la recaudación de impuestos. La caída de las contribuciones a la previsión social es la principal merma que se evidencia así como los impuestos indirectos.

Ya en el segundo año de gobierno de la UP, la situación económica era insostenible. A todos los problemas institucionales que afectaron, se unió un conjunto de eventos en la economía mundial, entre ellos el fuerte incremento en el precio del petróleo y un retroceso en el valor del cobre que cooperó en el deterioro de los términos de intercambio. Asimismo se debió enfrentar un corte de los flujos de capitales privados y una salida de recursos nacionales.

El resultado es un déficit público incontrolable que alcanza el 15,3% en 1971, 24,5% en 1972, y 30,5% en 1973. A este déficit contribuyen casi en partes iguales el gobierno con un 10,5%, las empresas públicas con 10,5% y las empresas del área social de 9,5%.

En este escenario, el gobierno sólo contaba con la emisión como principal vehículo de financiamiento. Se utilizaba para este efecto al Banco Central, que dependía directamente del Ministerio de Hacienda.

En el mercado de capitales una porción significativa se financió mediante emisiones monetarias del Banco Central. El resultado final fue un incremento de la cantidad de dinero de 173% en 1972 y 413% en 1973, en tres años la cantidad de dinero aumentó en casi 30 veces.

El mercado negro acrecentó la distancia entre sus precios y los oficiales. El tipo de cambio paralelo llegó a ser 1,46 veces el oficial. A septiembre de 1973 el dólar oficial había caído 70% de su valor, mientras que el dólar paralelo había subido 500%.

La producción efectiva retrocedió 4,1% (7,4% por habitante) durante 1972-73, a consecuencia de los desequilibrios sectoriales, innumerables huelgas, la desmesurada dispersión de tipos de cambio múltiples, la distorsión de los precios relativos oficiales y del creciente mercado negro y la aceleración inflacionaria.[7]

Como consecuencia de los aumentos en los salarios y los estrictos controles de precios se produjo una contracción en las utilidades de las empresas productivas que motivo aun más el descenso en la tasa de inversión.

Las bajas producciones registradas entre 1972 y los meses de 1973 antes del Golpe Militar de septiembre, no reflejan una destrucción neta de capacidad, sino una subutilización creciente.

En septiembre de 1973, la inflación alcanzaba del orden de 600% en doce meses, y un descenso del PIB de 4,3%.

Esta política económica finalmente trajo efectos negativos a nivel político, que se vieron acrecentados por una fase de contracción económica. Además las autoridades de la UP sobreestimaron la capacidad productiva ociosa y la capacidad del Estado para regular y controlar administrativamente los desajustes, tanto de precios, como de balanza de pagos.[8]

Bajo este escenario y un cuestionamiento de gobernabilidad llegó el golpismo que fue encabezado por las cuatro ramas de las fuerzas armadas. Ellos al mando del comandante en jefe del Ejército, designado por el propio Allende, general Augusto Pinochet la mañana del 11 de septiembre de 1973 protagonizan uno de los peores quiebres de la institucionalidad chilena.

La crisis del 82

En 1979 se dictaminó la fijación del tipo de cambio nominal en $39 por dólar, con el objetivo de que sirviera como ancla nominal para la inflación.

El efecto de esta política fue una constante apreciación del tipo de cambio real y un significativo incremento del déficit en la cuenta corriente.

En este último hecho también tuvo un papel fundamental el excesivo nivel de gasto y endeudamiento, junto a una débil legislación bancaria. Por su parte, las tasas de interés externas aumentaron dramáticamente.

Además, el precio del petróleo vuelve a mostrar un fuerte incremento (88%).

Todo ello conformó un escenario en el cual la carga financiera de la deuda externa se vuelve inmanejable, lo que compromete seriamente la estabilidad financiera de una serie de países, entre ellos Chile.

México es el primero en anunciar el cese de sus pagos, lo que genera un cierre de los mercados de capitales y una fuga desde los países de la región.[9]

Enfrentando elevadas tasas de desempleo y un gigantesco déficit en la balanza de pagos, el Chile decide devaluar. La noche del 14 de junio de 1982, el ex ministro de Economía del Régimen Militar, brigadier general Luis Danús, a través de cadena nacional, anunció que el país abandonaba la política de tipo de cambio. Sergio de la Cuadra, fue el ministro de Hacienda encargado de llevar adelante la devaluación del peso que significó que el país viviera uno de los momentos más difíciles de su historia económica.

Como resultado, el tipo de cambio aumentó 94% en nueve meses, y el PIB cayó 17% en total en 1982 y 1983.

El 15 de junio de ese año, los titulares de los principales diarios destacaban junto con la rendición de Argentina frente a Gran Bretaña -por la guerra de Las Malvinas-, que el valor del dólar se incrementaba en Chile desde los $ 39 a los $ 46.

Desde septiembre de 1981 se le cerró completamente el financiamiento externo, lo que llevó a un grado de ajuste mayor dada la caída del cobre, el alza del precio del petróleo y el alza de las tasas de interés.

Las empresas mantenían un alto endeudamiento en dólares que significaría la quiebra del sistema financiero y que después derivó en que el 13 de enero de 1983, el ministro de Hacienda, Rolf Lüders, ordenara la intervención de la banca, medida que se cumplió con rapidez, precisión y secreto militar.

El sector más afectado con la crisis indudablemente fue el financiero. Tanto así que el instituto emisor debió intervenir los bancos, alejando a sus propietarios para evitar el colapso de la economía nacional, sólo siete meses después de la depreciación del peso chileno: el 14 de enero de 1983.

La industria contaba con 41 bancos y financieras. Pero la crisis bancaria germinó varios años antes de la devaluación. Los cambios regulatorios de mediados de los ‘70 tuvieron una influencia trascendental, pues dejó al sistema sin una adecuada supervisión.

A ello se sumó el corte repentino de los préstamos provenientes de los petrodólares (dinero ganado por los petroleros árabes que luego colocaban en los bancos occidentales y se prestaban a países no desarrollados), cuando México no pudo servir su deuda. Estos dos factores provocaron que los bancos se endeudaran 7 ú 8 veces por sobre su capital, lo que introdujo un fuerte riesgo que finalmente estalló.

Fueron 16, los bancos y sociedades financieras liquidadas y seis entidades intervenidas.

El gobierno, a través del Banco Central —no autónomo en ese tiempo— implementó varios programas dirigidos a rescatar tanto a los depositantes como a todo el sistema bancario y el sistema de pagos. También se implementó un programa para aliviar las deudas en moneda extranjera. las devaluaciones que siguieron las deudas en moneda extranjera duplicaron su peso haciéndose muy difíciles de servir. Por otra parte, el Banco Central compró la cartera mala de los bancos comerciales. Esto significó que los bancos comerciales adquirieron una deuda con el Banco Central, la cual se amortizaría mediante utilidades futuras— la denominada deuda subordinada.[10]

La mayoría de los bancos que se habían privatizado en 1975 volvió a estar bajo el control estatal. El Estado llegó a controlar alrededor del 50% del crédito total del sistema financiero chileno.

Este proceso significó un costo aproximado a entre US$ 20.000 millones y US$ 30.000 millones, lo que representa entre 30% y 40% del Producto Interno Bruto.

Factores de la caída

Se debió en parte a una gran inexperiencia en el sector público y privado que llevó a una liberalización del sector bancario sin que se haya controlado prudencialmente. Y por otra, la gran cantidad de dinero que los bancos de países desarrollados ofrecían a los países en vías de desarrollo.

La respuesta estaba relacionada con la caída en los términos de intercambio y otros shocks externos negativos que afectaron a la economía chilena en ese entonces.

En 1980 se dio otro paso trascendental en el proceso de privatización, esta vez en relación al sistema previsional. El régimen de pensiones de jubilación, financiadas hasta entonces mediante un sistema de reparto, fue reemplazado por uno de capitalización individual en financieras previsionales privadas creadas por el nuevo sistema[11].

Esta crisis desencadenó la desaparición de varios grupos económicos tradicionales, como los que lideraban los empresarios Fernando Larraín, Javier Vial y Manuel Cruzat. La actividad económica llegó a caer 13% en 1983 con un desempleo que superó el 30% y las empresas que quebraron fueron más de 850.

Intervención de la banca

Bancos liquidados:

Español-Chile; de Talca; de Linares; de Fomento de Valparaíso; Austral de Chile; de Fomento del Bío Bío; Hipotecario de Chile; Unido de Fomento.

Bancos intervenidos:

De Chile; Concepción; Internacional; Santiago; Colocadora Nacional de Valores (1); Hipotecario y de Fomento Nacional (2).

Sociedades financieras liquidadas:

Compañía General Financiera; Financiera Cash; Financiera de Capitales; Sociedad Financiera del Sur; Adelantos y Crédito; Financiera Ciga; Financiera Mediterráneo; Financiera Davens.

(1) En 1986 se disolvió al reunir el Banco de Santiago todas sus acciones, con lo cual asumió todos sus activos y pasivos en su carácter continuador. (2) En 1983 no se intervino, pero se le designó un inspector delegado.

Fuente: SBIF.

Nota publicada en El Mercurio el 3 de noviembre de 2011 en recuerdo de la portada de 1981:

La intervención de los bancos

La noticia estalló el martes 3 de noviembre de 1981 y "El Mercurio" la informaba así: "Cuatro bancos y cuatro sociedades financieras se encuentran bajo administración provisional desde ayer. La intervención fue adoptada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, luego de comprobar en diversas empresas deficiencias en su administración". Las entidades afectadas fueron: Banco Español-Chile, Banco de Talca, Banco de Linares, Banco de Fomento de Valparaíso, Compañía General Financiera, Financiera de Capitales S.A., Financiera Sur S.A. y Financiera Cash S.A. Los días que siguieron a este verdadero remezón financiero el debate estuvo marcado, entre otros aspectos, por los reales alcances que podría conllevar esta decisión del Gobierno, y en un terreno más de fondo, por las fortalezas y debilidades del sistema de libre mercado que se había implementado en nuestro país. Algunos de los problemas planteados eran: los altos niveles de endeudamiento, sobre todo en dólares, de las empresas y personas; el uso excesivo de los créditos, y la escasa regulación en el sistema. El superintendente de Bancos, Miguel Ibáñez Barceló, explicaba que la meta que se perseguía con esta medida era sanear a estas entidades para que pudiesen seguir desarrollando sus funciones normalmente. Además, hizo presente que el Banco Central de Chile continuaría prestando a estas instituciones el apoyo financiero que se requiriese, mediante créditos o encajes, y que los depositantes o acreedores no se verían afectados en forma alguna. En tanto, el presidente del Banco Central, Sergio de la Cuadra, explicaba el 7 de noviembre que lo que se proyectaba con las ocho instituciones financieras intervenidas era "dejar a los bancos en una situación de mucha eficiencia administrativa, pero después levantar la intervención, cuando así proceda o, en caso contrario, serán bancos que se podrán vender en el futuro". Agregaba, además, que "la intervención era concordante con la política económica". Por otro lado, en medio de la discusión pública frente a la situación, el destacado abogado experto en temas comerciales Julio Chaná Cariola decía a este medio: "A mí me gusta la libertad de mercado, pero no soy un beato del sistema y no propicio que el Estado pase a ser, como las estrellas, un mero espectador distante de la economía". Esta fue una de las primeras grandes alarmas de lo que vendría más adelante: el 17 de enero de 1983 se intervienen cinco bancos más y se liquidan tres por serios problemas de solvencia. Todo ello, en un escenario de abrupta caída del PIB, empresas quebradas y un importante incremento de la cesantía.

Reunión de los economistas neoliberales Sergio de la Cuadra, Sergio de Castro, Pablo Barahona y Alvaro Bardón en 1982. Fuente: memoriachilena.cl

Principales variables macroeconómicas del período

(% precios del año anterior encadenado, referencia 2008)

Año	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Inflación	340,0	174,0	63,5	30,3	38,9	31,2	9,5	20,7	23,1	23,0	26,4
Producto Interno Bruto	-13,0	3,7	10,3	7,8	8,6	8,2	6,7	-11,1	-5,4	4,0	4,3
Demanda Interna	-21,1	-1,1	15,4	9,2	10,8	9,5	12,3	-19,1	-9,1	6,4	-1,0
Formación bruta de capital fijo	-22,8	-14,8	15,4	17,4	16,8	21,9	16,8	-38,3	-15,0	18,8	10,0
Exportaciones de bienes y servicios	2,4	24,3	11,9	11,2	14,2	14,3	-8,9	4,7	0,0	2,3	12,3
Importaciones de bienes y servicios	-38,5	4,2	35,5	17,4	22,8	18,9	15,8	-35,1	-18,4	12,9	-9,8

Fuente: Banco Central de Chile

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Datos históricos de Chile desde 1810 a 1980 se pueden obtener en el trabajo efectuado por economistas en un grupo liderado por Rolf Lüder de la Universidad Católica en el siguiente link:  http://www.economia.puc.cl/docs/dt_187.pdf 



Las lecciones aprendidas de la crisis


Los actuales fundamentos de la economía chilena muestran que se aprendió la lección. El sistema financiero chileno es destacado por su solidez, lo que se refleja en los indicadores de solvencia y una regulación estricta por parte de la autoridad económica; luego de un prolongado período de estudio, se promulgó una nueva Ley de Bancos en 1986. La regulación apunta hacia una regulación prudencial y preventiva.



Los cambios estructurales de fines del siglo XX

Entre 1985 y 2005, Chile tuvo dos décadas de notable desempeño socioeconómico, tanto medido en términos absolutos como comparativos a nivel mundial.

Durante este período, su PIB real creció, sostenidamente, a una tasa promedio anual del 6%; sus exportaciones se expandieron en promedio al 11% al año; y, al mismo tiempo, logró una significativa reducción de su tasa de inflación anual, desde un 23,8% (promedio, 1980-85) a un 2,8% (promedio, 2000-05).

Chile avanzó significativamente en varios indicadores de desarrollo humano y social como así lo muestra la reducción en la tasa de pobreza desde 38,6% (1990) a 13,7% (2006) y la reducción en 11 puntos porcentuales en su brecha con respecto al país que lideraba el índice de desarrollo humano mundial entre los años 1985 y 2006.

En estos años, Chile fortaleció sus ventajas competitivas globales, se posicionó y fue reconocido como uno de los países más dinámicos, competitivos, confiables, transparentes, y estables entre las economías emergentes. De hecho, en el 2007, fue el país más competitivo de América Latina y ocupó el lugar 27 entre 117 economías listadas a nivel global por el Foro Económico Mundial. Además, su proceso de apertura unilateral que se completó en los primeros años de esta década se ha complementado con una serie de acuerdos bilaterales con importantes países o regiones del mundo, los que le dan acceso a sus exportadores, en condiciones preferentes y más seguras, a los principales y más dinámicos mercados de consumo a nivel global que actualmente reúnen el 61% de la población y 76% del PIB mundial.

El desempeño económico de Chile desde mediados de la década de 1990 fue sobresaliente. Son muchas las razones que explican este éxito. La sólida posición inicial de la economía fue una fortaleza crucial. El amplio consenso existente con respecto a las materias económicas también fue de gran ayuda. Este artículo postula que el escenario institucional fue clave para el éxito.

Obviamente, hay muchas razones por las que los hechos se sucedieron como lo hicieron (las personas, las ideas de la época, las condiciones externas, la situación económica internacional, el marco institucional y demás).


Crisis asiática 1998


La crisis asiática provocó una caída generalizada en el precio de los commodities. En 1998, los precios de las exportaciones chilenas anotaron un descenso del orden de 17%, el que se acrecentó al año siguiente.

Uno de los productos más afectados fue el cobre, cuyo precio cayó a niveles históricamente bajos.

Se estima que el impacto de los menores términos de intercambio, equivalió a una caída de 4% anual en el ingreso nacional disponible en 1998 (US$2.500 millones).

Todo ello se produjo en un contexto interno en el cual el gasto crecía aceleradamente, con la posibilidad que el déficit de cuenta corriente se elevara a niveles de 8% del PIB. Finalmente, las acciones de política monetaria lograron evitar una crisis mayor.

Si bien el tamaño del shock externo fue similar al de 1932, y su efecto se extendió a todas las economías del mundo, en esta ocasión Chile estuvo entre los menos afectados. La institucionalidad macroeconómica vigente y el adecuado manejo de las políticas fueron vitales en ello.[12]


Los cambios de Lagos

Un grupo de especialistas se atrevió a elegir los hitos económicos y sociales que impulsó el Presidente Ricardo Lagos y por los que será recordado, en un artículo para La Tercera, recogí estos argumentos.

El gobierno del Presidente Ricardo Lagos no sólo será recordado por haber ido de menos a más en materia de crecimiento (para la historia la economía mostrará una moderada expansión promedio de 4,3% durante sus seis años), sino también por introducir una serie de cambios que apuntan a mejorar en el largo plazo la gestión del aparato estatal y dinamizar la inversión privada.Estos aportes "estructurales" de la administración Lagos en materia económica y social fueron seleccionados por un amplio grupo de economistas. Si bien la regla fiscal del superávit estructural fue la más mencionada, cambios como la modernización en el aparato público, las concesiones urbanas, la normativa eléctrica y de pesca, los énfasis en la educación preescolar y los acuerdos comerciales con EE.UU., Europa y China, fueron algunos de los hitos mencionados. No obstante, también estuvieron los que no se hicieron como la flexibilidad laboral o la reforma previsional.

La regla fiscal o la colaboración del Fisco al crecimiento

La "joyita"del gobierno de Ricardo Lagos es la aplicación, a partir del 2000, de la regla fiscal del superávit estructural del 1% del PIB.Está medida no sólo es alabada a nivel local por la mayoría de los sectores económicos, sino que a nivel externo es un ejemplo para los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). La regla es ajustada por la tasa de crecimiento tendencial y un precio referencial de largo plazo para el cobre. "La estimación de estos indicadores por un panel de expertos entrega credibilidad y confianza", sostiene la economista de Libertad y Desarrollo, Rosanna Costa. "Lograr aislar las decisiones fiscales de las fluctuaciones de términos de intercambio, ayudando así a mantener una política macroeconómica coherente a los ciclos que enfrenta la economía, es lo más acertado de este gobierno", indica el economista de la Universidad de Chile, Patricio Meller.En el plano presupuestario también se alaba la mayor transparencia de la información, lo que ha permitido enriquecer el análisis no sólo durante su discusión en el Congreso en septiembre, sino que a lo largo del año a través de la Comisión Mixta de Presupuestos, que evalúa los programas. Si bien la transparencia va en línea con los recomendado por el FMI, "aún queda mucho por avanzar", dice Costa.

Mejoramientos de gestión: Auge, dirección pública, Chile Solidario

El mejoramiento en la gestión del aparato público es uno de los puntos destacados de los últimos seis años.La creación de la Alta Dirección Pública para la selección, formación, evaluación y desarrollo de los altos directivos del sector público es uno de los pasos importantes dentro de la profesionalización del aparato público."El sistema permite que en los principales cargos de aquellos servicios que trabajan para todos estén los mejores profesionales, independiente de su manera de pensar", sostiene el economista de la Universidad de Chile Patricio Meller. Por otra parte, la puesta en marcha del Auge introduce el concepto de que la ciudadanía tiene derechos garantizados. "En este ámbito la creación de la Superintendencia de Salud como la incorporación del Auge son pasos positivos", dice Claudio Sapelli, de la Universidad Católica.La aplicación del programa Chile Solidario logra acercar los programas sociales a los marginados del sistema público. "Un punto central está en lograr que los distintos servicios converjan en resolver las necesidades de los más necesitados", indica Dagma Raczynski, directora de la consultora Asesorías para el Desarrollo.

Los cambios a nivel de la educación

El aumento de la cobertura escolar, un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, la evaluación docente, la subvención diferenciada y el vínculo con las empresas aparecen como los hitos en el sector educación. En la mayor cobertura se destaca la consolidación de la jornada escolar completa, la ampliación de la educación preescolar y el aumento de la educación obligatoria de ocho a 12 años."Hay que estar conscientes de que en esta área hay una continuidad, pero es destacable los énfasis introducidos, porque permitirán abocarse en los próximos años a la calidad", señaló el director del Programa de Educación de la Fundación Chile, José Joaquín Brunner.La ampliación del sistema de crédito para la educación superior, sea pública o privada, que comenzará a regir a partir de 2006, es uno de los puntos más destacados por los expertos."El acuerdo Educación-Empresa claramente será un cambio estructural si somos capaces de concretarlo", indica el empresario Juan Antonio Guzmán."El vínculo entre las universidades y empresas podría dar un salto en el área de investigación con el crédito otorgado por el Banco Mundial", dice Brunner.

El nuevo marco regulatorio

La creación del Tribunal de Libre Competencia, que reemplazó a las comisiones Preventivas y Antimonopolio en 2003, es el mayor hito en el resguardo de la competencia en los mercados chilenos. "Lo positivo de este cambio no sólo se debe a que el Tribunal es especializado, sino, además, a que se separaron las tareas de investigación de la tarea de juzgar. Esto hace que todo el proceso sea bastante más transparente", sostiene la economista de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Soledad Arellano.

El la misma línea Claudio Sapelli, de la Universidad Católica, sostiene que, contrario a la opinión de los candidatos presidenciales en el foro, "fue un cambio en la dirección correcta y llevó a la legislación de competencia a un estadio adecuado".Arellano explica que los cambios a la Ley Eléctrica buscan asegurar el suministro, sobre todo después de los cortes de gas desde Argentina, a través de permitir a los generadores premiar a los consumidores que reduzcan su consumo en situaciones específicas. Además, agrega, se introdujo contratos a precio fijo por un plazo de hasta 15 años, dando más seguridad a los generadores para invertir.Los cambios a la Ley de Pesca permitieron una racionalización de este sector.

TLC, seguro de cesantía y previsión

La suscripción de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Unión Europea, Corea y China, firmados durante esta administración, introducen fuertes incentivos para la economía local."Si bien son una continuidad a las políticas de apertura, el cambio por haberlos sellado es tan importante que hace que esta economía hoy sea otra", señala el empresario Juan Antonio Guzmán. La creación del seguro de cesantía adquiere una importancia central en lo que será la posibilidad de cambiar el mercado laboral en los próximos años. "En el campo del empleo hubo un importante avance con el subsidio de cesantía, que protege a la persona y a su ingreso más que a su puesto de trabajo", señala el decano de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, quien, además, advierte que "falta hacer más" en el campo laboral. A nivel previsional destaca la entrada en vigencia durante 2002 del sistema de multifondos. "Quedan aún tareas importantes por hacer, al menos en los ámbitos de competencia entre AFP, la densidad de cotización y los que no tienen contrato formal", indica la economista de la Universidad de Chile Andrea Repetto. No todo ha sido positivo. El economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, apunta al royalty a la minería. "Si se hubiese aprobado la primera iniciativa de gobierno se habría vulnerado un principio básico que es el de propiedad. Menos mal que se cambió al final", señala.


Fin de la era Lagos: los desafíos futuros

Una de las consignas que repetía seguidamente al inicio de su gobierno el presidente de la República, Ricardo Lagos, era el de poner todo el esfuerzo para alcanzar en el bicentenario de la Independencia de Chile el pleno desarrollo. Así partía el artículo que escribí en Diario Financiero en 2006 para la edición aniversario. 

El objetivo del mandatario nunca se logró. El gobernante debió enfrentar una serie de dificultades externas e internas que han significado que el promedio de crecimiento de los últimos cinco años sea más bien mediocre. Entre 1998 y 2002, la economía chilena mostró un crecimiento de 2,3% anual. Esto significa que respecto a la década dorada se han perdido 5 puntos en la expansión de la actividad económica ya que el promedio entre 1986 y 1997 fue de 7,3%.

Pero no todo está perdido. El economista de la Universidad Católica y asesor de empresas, Juan Andrés Fontaine, señala que aunque no lleguemos al 2010 en pleno desarrollo sí podemos alcanzarlo para celebrar el bicentenario de cuando verdaderamente se firmó la independencia en 2018. “Hace cinco años le decía a mis alumnos que eran una generación privilegiada porque tenían la chance de llegar en su madurez a vivir en un país desarrollado. Hace cinco años atrás pensaba que Chile estaba a 20 ó 25 años de ser un país desarrollado. Esa posibilidad aún existe”, indica Fontaine.

El ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, decía hace un tiempo atrás que “Chile tiene grandes activos que proporcionan bases sólidas para crear otro ciclo de alto crecimiento: una situación macroeconómica ordenada, un sistema financiero sólido y competitivo, una economía abierta al comercio, baja corrupción, instituciones sólidas, un riesgo país de los más bajos entre los países emergentes y ahora, un mejor acceso al mercado europeo y un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”.

La “visión país” es clara que eso sólo se logra sólo si se mantienen las reglas y principios básicos con que se ha movido la economía en los últimos 15 años y se perfeccionan las debilidades que hoy tiene el país.

¿Y cuáles son esos desafíos?. Son varios y están identificados, pero para implementarlos se requiere del esfuerzo y comprensión de todos los sectores nacionales.

Pero claramente todos los economistas comparten que se requieren cambios trascendentales que permitan reforzar la economía de mercado como el mejorar los marcos regulatorios en sectores donde la inversión está detenida, flexibilizar el mercado laboral permitiendo la adecuación de las empresas a los ciclos económicos, reducir la incertidumbre tributaria, avanzar en la mejoría de la infraestructura, racionalizar y mejorar la gestión del sector público, mejorar la cobertura y calidad de la educación y de la salud pública, y seguir con la profundización del mercado de capitales.

1.- Retomar el ritmo de crecimiento de 7%
Si algo derrota a la pobreza es el crecimiento. Bien lo sabe el director del Hogar de Cristo, Benito Baranda, quien insta a retomar una expansión económica sostenida para aumentar la generación de empleo y con ello iniciar el circulo virtuoso.


Tasas de crecimiento de 7% se dieron durante el gobierno de Eduardo Frei y la receta del cómo se alcanzaron, la entrega el ex director de presupuestos de esa administración, Joaquín Vial.


Se dio una “combinación de reformas económicas que facilitaron la operación de los mercados y una mayor integración a la economía mundial. Aplicación de políticas macroeconómicas que permitieron construir una base sólida que permitió reducir de manera significativa la vulnerabilidad a los choques externos y hubo un importante esfuerzo para aumentar y hacer más eficientes la asignación de recursos públicos hacia los sectores más pobres”.


Fueron justamente los sectores de menores ingresos quienes se vieron beneficiados del boom de la década de oro. Si en 1987 los pobres superaban los 5 millones, diez años después bajaron a 3 millones, mientras la tasa de crecimiento mostraba un 7,3%.


Por ello, el que Chile dejara de crecer a ese ritmo le pasó la cuenta a los más desposeídos. “Es lo que se pudo constatar en el período 1998-2000. Cuando la actividad económica comenzó a caer, la tendencia de reducción de la pobreza también se detuvo. Más aún, el menor crecimiento durante este lapso ocasionó que alrededor de 280 mil personas continuaran bajo la línea de pobreza”, señala la investigadora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, Rosita Camhi.


Todos coinciden en que el crecimiento juega un papel primordial en la lucha contra la pobreza y, en el largo plazo, también en las reducciones de las desigualdades de ingreso. De ahí que la prioridad debe ser buscar los mecanismos para crecer nuevamente a tasas que permitan superar los niveles de pobreza e indigencias que hoy están estancados.


2.- Mejorar los niveles de educación
Pero para que el país crezca hay que mirar a los pilares y uno de ellos es la educación.


“Nuestro principal desafío es mejorar la cobertura y calidad de la educación prebásica, básica y secundaria, para así construir los cimientos de un sistema educativo que contribuya al crecimiento y a mejorar la distribución del ingreso”, sentencia el presidente del instituto emisor, Vittorio Corbo.


Una opinión similar expresa su antecesor en el Banco Central, Carlos Massad, quien señala que sin ella “no podremos competir en el mundo y estaremos condenados a ser un país de segunda o tercera”.


Hasta ahora el país está en el inicio de una reforma que de acuerdo a las expectativas permitirá mejorar los “paupérrimos” indicadores de calidad que muestra el sector.


El ex ministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brünner, indica que si bien la educación chilena ha experimentado cambios y progresos, no está en condiciones de responder a las necesidades de más largo aliento que deben satisfacerse para garantizar el desarrollo sostenido del país.


“Sus potencialidades se ven coartadas por la falta de escuelas efectivas capaces de compensar las desigualdades de origen socio-familiar de los alumnos. Y, en el nivel superior, por la insuficiente capacidad para producir innovaciones tecnológicas, producto de la desvinculación existente entre las empresas y los organismos que generan y transfieren el conocimiento avanzado”, señala. Ambos aspectos confluyen en un resultado común: limitan la competitividad del país.


Pese a que Chile hoy tiene una de las mayores coberturas en educación entre los países de la región, el problema se centra en la calidad. Los analistas coinciden en que mejorar la enseñanza no sólo pasa por la extensión de la jornada escolar, si no por impulsar mecanismos de aprendizaje en el colegio y el hogar.


La experiencia internacional muestra que naciones como Estados Unidos, Corea del Sur y los países escandinavos, después de la II Guerra Mundial siguieron el siguiente patrón: Atacaron primero la educación básica, luego la secundaria y técnica y finalmente la universitaria, por lo que los resultados quedaron en evidencia en el largo plazo.


En el caso particular de Chile otro aspecto que se debe mejorar juicio del economista Juan Andrés Fontaine es “la descentralización del sistema y permitir la libre iniciativa. No pude ser que los colegios municipalizados y subvencionados sean iguales, pasen los mismos programas y las mismas políticas de personal en la que cada vez que sube la subvención debe subir el sueldo de los profesores sin considerar incentivos a la calidad”.


3.- Fortaleza macroeconómica
 Otro de los pilares del crecimiento está en la mantención de los equilibrios macroeconómicos y, en los últimos años este aspecto se ha transformado en una de las principales fortalezas del país. El alcanzar este objetivo no fue fácil y tardó décadas controlar la inflación y fortalecer las finanzas públicas, hitos que se cimentaron durante los ‘90.


La reducción gradual, pero persistente y sostenida de la inflación desde el establecimiento de un Banco Central autónomo a fines de 1989, ha permitido consolidar niveles de credibilidad suficientes como para poder aplicar una política monetaria expansiva desde 2001. En 1990, la inflación se situaba en 27,2% y una consistente voluntad de los titulares del instituto emisor Andrés Bianchi, Roberto Zahler y Carlos Massad permitió llegar al nuevo siglo a niveles de una nación desarrollada con un rango meta de entre 2% y 4%.


Joaquín Vial asegura que un desafío insoslayable es que la política fiscal apunte a generar ahorros mayores en períodos de bonanza. “En este contexto la introducción de la regla fiscal apunta a mantener un superávit estructural de 1% del PIB es un paso fundamental en la dirección correcta, y así ha sido reconocido por los especialistas extranjeros”, indica.


Si bien se completarán en 2003 cinco años de déficit fiscal, para este año se espera un saldo fiscal negativo de 0,8% del PIB, la perspectiva que entrega la regla de superávit estructural es que hacia 2005 el resultado sea neutro, para luego retomar la senda de los superávit efectivos.


La administración Lagos tiene claro que es menester cuidar las finanzas públicas y en esa dirección han trabajo, sin embargo, en su diagnóstico también están presentes otros aspectos que deben ser abordados para que el país retome la senda de crecimiento sostenido. “La condición sine quanon es mantener la macroeconomía estable como lo hemos hecho en los últimos años. Pero aunque es una condición necesaria, no es suficiente”, señala el actual ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.




4.- Mejorar el empleo 
Recobrar el crecimiento del empleo es una de las prioridades más importantes para hacer de Chile una sociedad más igualitaria. Durante la década dorada, el número de personas ocupadas aumentó de 4,5 millones a 5,4 millones; y que la tasa de desempleo descendió de 7,8% a 6,2% en la etapa de más expansión económica.


El sostenido crecimiento que experimentó la economía hasta 1998 se reflejó en procesos de creación de empleos, que significaron tanto una reducción de la tasa de desocupación, como un mejoramiento de la calidad de los mismos. La interrupción de este crecimiento en 1999 significó un aumento de la desocupación yd esde esa fecha que la economía chilena viene registrando cifras promedio de desempleo que superan el 9% al año, en circunstancias que en 1998 había cerrado con un promedio anual de 6,3%.


Sí bien el gobierno considera alta la última cifra de desocupación de 9,4% a nivel nacional , alaba que la economía haya creado 166.750 nuevas plazas de trabajo en doce meses (3,2%) y que la fuerza de trabajo se incrementara en 168.200 personas (2,9%).


Pero está consciente que se deben enfrentar los problemas creados por el deterioro en los mercados laborales. Por ello, los analistas coinciden que los planes de empleo que diseñe el gobierno deben estar dirigidos principalmente a incentivos a la empresa privada para que contrate personas abriendo posibilidades de conocimiento y experiencia que permita que luego continúen trabajando en estas áreas.


Resulta crucial recuperar el nivel de empleo por las positivas implicancias que tiene en el crecimiento potencial, por el llamado círculo virtuoso en que si mejora el empleo se produce más consumo por parte de las personas que ven con mejor perspectiva el futuro y así se genera más producción y viceversa.




5.- Recuperar los niveles de ahorro de la década del 90 
Elevar los actuales niveles de ahorro nacional a una cifra del orden del 23% del PIB como las vista a comienzos de la década de los noventa es un importante desafío para permitir lograr crecer a una cifra del orden de 6% promedio en los próximos años.


La evolución del ahorro en Chile en los últimos 25 años muestra un repunte desde menos de 10% del PIB en 1975 hasta cerca de 20% en 1980. Luego, durante la crisis de principios de los 80, el ahorro cae dramáticamente hasta menos de un 5% del PIB y se mantiene en niveles bastante deprimidos hasta el año 1985. A partir de ahí presenta una trayectoria fuertemente ascendente, superando el 22% del PIB en 1988. Se mantiene en esos niveles hasta 1992, cuando empieza a descender levemente, con la excepción del año 1995, en que marca su récord de 27,5% del PIB. En los últimos años se ha mantenido relativamente estable, llegando a 21% del PIB en el 2002.


Desde la segunda mitad de la década de los ochenta, el ahorro del sector fiscal ha sido importante y persistente, contribuyendo en forma significativa al ahorro nacional (alrededor de un sexto del total).


Este resultado refleja un manejo consistentemente conservador de las cuentas públicas, que es corriente que se destaque por su aporte a la estabilidad macroconómica y al crecimiento del país y el que se debe cuidar.
No obstante, un factor preponderante en este manejo ha sido la administración de los siempre volátiles recursos de la minería del cobre en manos del Estado, a través del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre.


Pero si se considera que los antecedentes muestran que los principales contribuyentes al ahorro nacional son las empresas, el sector público y el sistema de pensiones, mientras que la contribución directa de los hogares al ahorro nacional es reducida.


Una de las tareas pendientes es la eliminación del exceso de intervención estatal mediante leyes, reglamentos y otros medios, el cual desalienta la iniciativa privada y desestimula o distorsiona la inversión.




6.- Flexibilidad laboral
El desafío de flexibilizar o adaptabilidad del mercado laboral debería ser prioritario en la agenda de los gobiernos que vengan en los próximos años. “Chile está cojo en la parte laboral. Necesitamos crecimiento con calidad y esto significa más y mejores empleos y en la medida que no se modernicen las relaciones laborales evitando restricciones que discriminan a los sectores sociales, el crecimiento estará cojo”, señala el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Claro.


“La adaptabilidad en la jornada laboral permitiría, entre otros factores, resguardar la estabilidad laboral de los trabajadores frente a cambios productivos relacionados con la estacionalidad y el ciclo económico”, señala el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, en el último Estado de la Hacienda Pública.


El economista de la Universidad Andrés Bello, Aldo Lema, advierte que aunque “el moderado reajuste del salario mínimo decretado en los últimos años ha ido en la dirección correcta, el desequilibrio inducido en 1998 se sigue arrastrando, y con ello también el alto desempleo y los problemas sociales en sectores vulnerables”.


La actual legislación laboral es demasiado rígida para los tiempos de hoy, al punto que el FMI la ha responsabilizado como una de las causas del aumento del desempleo. De acuerdo a la experiencia internacional, en las empresas que han aplicado prácticas de flexibilidad se han registrado aumentos en la capacidad para contratar y mantener al personal, la rotación de trabajadores se ha reducido, el ausentismo casi no existe, los equipos de trabajo se consolidan en el tiempo y la calidad de vida laboral mejora, pues los trabajadores tienen más tiempo para sus asuntos personales.


El coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, es claro en señalar que “una economía como la chilena, que es muy cíclica, lo que requiere es poder reasignar recursos rápidamente y el que el sector laboral sea rígido le resta la mejoría que se requiere para mantener alta la productividad”.


El ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, señala que “como sociedad tenemos que aceptar que quien está invirtiendo y desarrollando en realidad no le está quitando a otro, sino que es alguien que está actuando para que a todos nos vaya mejor. No podemos discutir la ley laboral, por ejemplo, como una lucha entre los trabajadores y el empleador, sino que pensando en el mundo de hoy con Internet, con la posibilidad de trabajar en la casa, con descentralización, viendo cuáles son los problemas que pueden aparecer y cómo resolverlos. No tratemos de ver cómo crear una ley que dificulte esto porque no nos gusta”.


7.- Visión país


Un tema en los que se ha destacado el sector político en los últimos años y que es considerado como uno de los factores de mayor prioridad por los analistas internacionales es la llamada visón país. La capacidad de ponerse de acuerdo en grandes temas como las materias tributarias y de acuerdos comerciales. “Es un tema clave. Hay cosas en que tenemos y podemos estar en desacuerdo, pero hay temas que pertenecen al corazón del manejo económico donde no pueden haber dos opiniones”, resalta Nicolás Eyzaguirre.


El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, asegura que “si el país fuese capaz de lograr los mismos consensos que hemos logrado en materia macroeconómica, en materia de gasto fiscal, que hace treinta años atrás era impensado, podríamos lograr derrotar la extrema pobreza en Chile en una década”, señala.


Carlos Massad advierte que para avanzar no se puede “volver a situaciones en que determinados partidos políticos decían explícitamente que le negarían el agua y la sal al Gobierno. Esa no es la forma de gobernar en el mundo moderno”.


Agregó que “la gran lección que hemos vivido estos años de convivencia democrática es reconocida en todo el mundo”. Y no es menor ya que son pocos los países en que un Presidente llame a todos los partidos políticos para tener su opinión respecto a temas delicados y de importancia nacional, como la posición de Chile en el conflicto en el Medio Oriente o los acuerdos de libre comercio.


Longueira afirma que se debe “aprovechar los liderazgos políticos para hacer las cosas que son de beneficio para el país, con acuerdo”.
La agenda pro Crecimiento que fue impulsada por el actual presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y que fue hecha suya por el gobierno es el mejor ejemplo de que los acuerdos son fundamentales.


Asimismo los acuerdos comerciales que se han suscrito han reunido la voluntad de la mayoría de los sectores políticos permitiendo su rápida aprobación en el Congreso.


8.- Apertura comercial
Chile ha demostrado que la estrategia de apertura comercial genera sólo beneficios. Para una economía pequeña los acuerdos comerciales son un mecanismo de integración económica y financiera con el resto del mundo y es eso lo que genera mayor riqueza, mayor crecimiento potencial en el futuro, mayor empleo y Chile lo ha comprendido.


Chile hoy posee diversos acuerdos entre los que destacan los con MERCOSUR (1996), Canadá (1997), Perú (1998), Centroamérica (1999), México (1999), Estados Unidos (1992-2002), Unión Europea (1996-2002) y Corea del Sur (1999-2002).


“Las oportunidades que se abren (con los acuerdos) son enormes. Cuando la economía mundial entre en un ciclo ascendente estaremos preparados para no dejar escapar estas nuevas oportunidades”, señalaría el presidente Ricardo Lagos en su última cuenta pública.


La realidad así lo indica, El acuerdo, por ejemplo, con Estados Unidos abre un mercado de 281 millones de habitantes y con un PIB per cápita superior a US$ 36.000, ocho veces superior al de Chile. Actualmente, las exportaciones chilenas hacia el mercado estadounidense se ubican en torno a los US$ 3.000 millones al año, monto que debiera subir, pues además de generarse un mayor flujo de envíos. Las importaciones, por su parte, llegan a US$ 2.800 millones al año, lo que también se incrementaría.


Juan Claro señala que “por un lado necesitamos contar con un entorno externo adecuado y seguir avanzando en nuestra inserción internacional, pero sobre todo mejorar las condiciones internas para el efecto de fomentar el ahorro, la inversión y la productividad.


El segundo factor clave en que Chile ha dado grandes pasos es la conquista de los mercados globales. Hay un efecto sobre por apertura. Basta que abran la puerta para exportar un poco de cada producto.


9.- Nueva fase exportadora


Chile después del auge y la diversificación que siguieron a las reformas económicas, posiblemente se encuentra cerca del límite para seguir creciendo rápido sobre la base de expandir su capacidad para exportar recursos naturales, señala el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Joaquín Vial.


Pero resulta, advierte Vial, especialmente difícil desarrollar un sector manufacturero exportador cuando no se cuenta con un mercado interno que permita dar sustento a esta actividad en las etapas iniciales de desarrollo de una industria.


Así lo lógico sería imitar a los países escandinavos que partieron con ventajas comparativas fuertes en sectores intensivos en recursos naturales, como los que existen hoy en Chile, pero que desarrollaron ventajas comparativas en sectores intensivos en capital humano e innovación tecnológica. Ellos tienen elevados niveles de educación, instituciones fuertes y una macroeconomía estable.


El desafío para que Chile pueda seguir creciendo a tasas elevadas en el mediano plazo consistiría entonces en desarrollar nuevas ventajas comparativas sobre la base de sus recursos naturales, pero incorporando conocimientos e innovación, lo que debería permitir el desarrollo de nuevas actividades en el sector manufacturero y de servicios.


10.- Mantener reglas claras
Uno de los pilares de la economía chilena en las últimas década ha sido mantener reglas claras y transparentes para todos los inversionistas que dan confianza de que la economía funcionará ordenadamente: una inflación controlada, un sistema financiero sólido, una balanza de pago financiable y finanzas públicas ordenadas. Pero la fijación de reglas claras se exige en todos los ámbitos tanto a nivel industrial, medioambiental y regulatorio.


“Mantener las reglas claras y estables es una condición indispensable para la inversión”, así señala el director de Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet.


Jorge Awad, presidente de Lan Chile, agrega que “conservar las reglas económicas es un punto determinante en el desarrollo del país” y destaca que ello se afianza a través de la apertura de su economía.


La experiencia señala que el sector industrial trabaja mejor y es más eficiente en la medida que cuente con reglas claras y estables. Evitando que el criterio de la autoridad sea distinto y las empresas deban realizar inversiones adicionales a fin de cumplir con las nuevas exigencias.


El ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, señala que “se requiere tener una señal clara del gobierno de que ya aumentó los impuestos y ahora organizará la casa para adentro; que le dará un tiempo a los empresarios para que los recursos que generen sean invertidos y que no se los va a quitar de nuevo para el gasto público”.


11.- Reforma al Estado
Un rol central en el potencial de crecimiento de Chile está en avanzar decididamente en mejorar la eficiencia del sector público. 


Vittorio Corbo resalta que las exitosas experiencias de mejoras de gestión en el Registro Civil y en el Servicio de Impuestos Internos deben imperiosamente ser aplicadas al resto del sector público. Estas mejoras redundan en menores costos de transacciones y, últimamente, en saltos en la productividad total de factores, con el consiguiente beneficio de ahorro de recursos en el desarrollo de actividades por parte de toda la economía.


Juan Andrés Fontaine afirma que “la reforma al Estado es tarea fundamental en donde entre los temas más cruciales está flexibilizar la estructura rígida que presenta la escala única de los funcionarios públicos.


Corbo resume, en una columna sobre el tema, que de parte del sector público se requiere, además del equilibrio fiscal, que concentre su accionar en proveer los bienes públicos de salud y educación para los más pobres, y asegure el cumplimiento de la ley y el orden público para facilitar el accionar del sector privado en pos del crecimiento. Se requiere también una burocracia pública eficiente y bajos niveles de corrupción. Ambos reprimen el crecimiento y terminan siendo un impuesto altamente distorsionador de las actividades productivas.


12.- Mejorar el gasto fiscal
Reenfocar el gasto fiscal en todas las áreas apuntando a un buen uso de los recursos es lo que manifiesta la gran mayoría de los consultados. Lograr un mejor gasto en salud y educación como una forma de mejorar el capital humano de los chilenos y la eficiencia en el uso de los recursos es clave para el futuro.


La experiencia internacional destaca que para mejorar la gestión en estos dos sectores se va a requerir introducir más iniciativa privada en el uso de los recursos y concentrar la labor del Estado en establecer un marco regulatorio eficiente que promueva la competencia y en subsidiar la demanda de los grupos más pobres de la población a través de un esquema que aumente las oportunidades para que los usuarios puedan seleccionar al proveedor de estos servicios que sea de su preferencia.


El Estado no tiene ninguna ventaja comparativa en la producción de estos servicios, su deber es procurar su adecuada regulación, promover la competencia en su provisión y asegurar el acceso de los sectores más pobres.


En esto debería ayudar la nueva Ley del Nuevo Trato y de Alta Dirección Pública que establece concursabilidad en el ascenso en la Administración Pública y establece una Comisión que fijará las competencias necesarias para postular a cargos directivos en la Administración Pública y que preseleccionará los candidatos que podrán ser nombrados por la autoridad política.


Asimismo la ley de silencio administrativo que establece plazos máximos para responder a requerimientos de privados. Si no se contesta, se entiende aprobado. Se aplica al gobierno central y a municipalidades.






13.- Inversión en capital humano
Los economistas consideran que es urgente mejorar las condiciones para insertarse en una economía global, dando una clara prioridad a la inversión en recursos humanos y poniendo un cuidado especial en la calidad y la formación de técnicos y focalizando el esfuerzo en la atención de los sectores sociales más pobres.


La vinculación entre capital humano y capacidad de crecimiento es muy importante. Estudios revelan que cada año adicional de educación básica otorga un 4% extra de renta; en la enseñanza media redunda en un 10% más de ingresos y cada año en la universidad genera un 20% más en la remuneración.


Pero la realidad es dramática. La senadora Evelyn Matthei señala que Pruebas nacionales de evaluación de la calidad de la educación muestran que cerca de un 40% de los alumnos de cuarto, octavo básico y segundo medio, no alcanzan el nivel más elemental de comprensión de lectura.


Agrega que un 47% de los alumnos de segundo medio no puede redactar bien una carta sencilla.


En una prueba internacional, dice, TIMMS que mide comprensión de matemáticas y ciencias, Chile estuvo en el lugar 35 de 38 países en que se aplicó.


Fontaine señala que la inversión en capital humano es primordial para explotar el mundo que viene. “Chile seguirá siendo un productor importante de productos naturales, de productos que procesan recursos naturales, y debe asumir el camino de vender servicios de ingeniería y de procesamiento de datos para el mundo de habla hispana aprovechando los tratados que se han firmado”.


14.- Profundizar el mercado de capitales
Seguir integrando la economía al mercado financiero internacional es clave para seguir avanzando. Y bien lo sabe el coordinador de Finanzas Internacionales y Mercados de Capitales, Heinz Rudolph, quien se ha estado encargado del retorno de Chile al mercaod de deuda internacional y local. “Desarrollar bechmark (referenciales) es útil para integrar la economía al resto del mundo y que los inversionistas tengan un indicador clave para evaluar el riesgo de las empresas chilenas”, dice.


“Se ha avanzado en el mercado de capitales , pero aún falta” , señala Juan Andrés Fontaine. A su juicio se debe lograr el máximo de desregulación que permita la libertad en las decisiones de los inversionistas.


Rudoloh agrega que un desafío será lograr que las empresas estén calzadas tanto en monedas como en tasas de interés con el objeto que hacer en un tipo de cambio flotante los shock cambiario puedan ser absorbido sin problemas por ellas. “Necesitamos que las corporaciones estén cubiertas a los principales riesgos financieros”, dijo.


Asimismo cree necesaria una consolidación de mejor estándares en cámaras de compensación y liquidación. “Ese es un tema que puede ayudar a consolidar un mercado de capitales más profundo con una amplia participación de inversionistas chilenos y extranjeros”, concluye.


15.- Elevar la productividad y competitividad


Elevar la productividad y competitividad de las empresas, masificando el uso de estas tecnologías, e impulsando el uso del Comercio electrónico, y formar los recursos humanos del país para la sociedad de la información y la nueva economía, son prioridades a la hora de pensar en cómo creer.


“Para aumentar la productividad lo que requiere de instrumentos de política macroeconómica y aumentar el empleo y la inversión y eso requiere en el caso de la inversión la preservación de una política de equilibrio macroeconómico y en el caso del empleo requiere de hacer adecuaciones en un conjunto de políticas que tienen que ver con un mercado laboral más flexible, que tiene que ver con mejorar de la capacitación y del capital humano. Chile puede hacerlo y lo puede hacer si adoptar las políticas para ello” señala el director de Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet.


La incorporación de los avances tecnológicos asociados a la revolución en la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) le abre grandes oportunidades a Chile para dar otro gran salto en su tasa de crecimiento y así mejorar los estándares de vida.


16.- Trasparencia y eliminación de proteccionismos
Mantener la confianza y transparencia hacia los inversionistas nacionales e internacionales es un rol fundamental en las perspectivas de crecimiento de la economía chilena.
El presidente de Lan Chile, Jorge Awad, lo manifiesta claramente en que es necesario por sobre todo “cuidar el índice de riesgo país que hoy tenemos que es un verdadero patrimonio para todos los chilenos”.
Y es que el surgimiento de innumerables denuncias de corrupción en municipios, ministerios, empresas y servicios públicos que se hicieron extensivas durante los últimos años puede perjudicar firmemente a la hora de elegir por un país para invertir.
Ya este año Chile sufrió la caída en el ranking de corrupción elaborado anualmente por Transparencia Internacional (TI). Es que Chile desde el puesto 17 que ocupaba en 2002, descendió al lugar número 20 y aunque sigue siendo el país “menos corrupto” de la región, los resultados del estudio demuestran que existe una percepción por parte de empresarios, académicos y analistas de riesgo de mayor corrupción en el país en comparación con el ejercicio anterior.
Hernán Büchi señala que cuando hay indefinición los empresarios comienzan a tener posiciones muy polarizadas. “En vez de pensar en cómo hacer los negocios se ponen a pensar cómo conseguir que las reglas del juego se acomoden a la posición de ellos y no a la de su competidor”, dice.
La única solución para evitar clientelismos políticos y la búsqueda de proteccionismos pasa por contar con mercados flexibles para facilitar el ajuste y una buena red de protección social.


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